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El acuerdo de Anthropic entra en la fase incómoda: decidir quién cobra
Los avisos de reparto del gran acuerdo por los libros usados por Anthropic han destapado reclamaciones incompatibles entre autores, editoriales y agentes. La discusión ya no es una cifra abstracta: depende de contratos, reversiones de derechos y de quién era titular cuando se obtuvo cada obra.
El acuerdo de 1.500 millones de dólares que cerró la demanda colectiva contra Anthropic por la obtención de libros pirateados ha llegado a su parte menos fotogénica: repartir el dinero. A comienzos de septiembre, el administrador remitió a los reclamantes un resumen por título con las personas o empresas que habían solicitado una parte y el porcentaje elegido por cada una. Ese cruce ha hecho visibles desacuerdos que el titular del acuerdo ocultaba. Hay autores que reclaman el cien por cien porque recuperaron sus derechos, editoriales que solicitan la mitad y agentes que han anotado una participación propia.
La dimensión explica por qué el conflicto administrativo importa. El fondo cubre aproximadamente medio millón de títulos elegibles de los millones de copias que Anthropic habría descargado de bibliotecas pirata. El cálculo de referencia es de al menos 3.000 dólares por título antes de costes y honorarios, pero esa cantidad no equivale automáticamente a un cheque para una sola persona. Puede repartirse entre autor, coautores, editorial y otros titulares, y aumentar si quedan menos reclamaciones válidas. La cifra agregada era sencilla; la cadena de derechos de cada libro no lo es.
Porcentajes incompatibles, formularios mal marcados y treinta días para pactar
El reparto ordinario previsto para obras comerciales y universitarias parte de un cincuenta por ciento para la editorial y otro cincuenta para el autor, salvo que el contrato sustente otra cosa. Los textos educativos ni siquiera tienen esa división predeterminada, de modo que las divergencias son más frecuentes. A ello se suman errores de formulario: varias editoriales comunicaron que marcaron por equivocación una asignación del cien por cien y el administrador está corrigiendo esos porcentajes. No toda discrepancia revela mala fe, aunque ninguna debería darse por buena sin comprobarla.
El procedimiento concede treinta días para que los cotitulares intenten resolver las diferencias. El portal admite cartas de reversión, contratos y otra documentación; mientras exista disputa, el pago del título queda retenido. Si las partes no llegan a un acuerdo, el administrador tratará de facilitarlo y, en último término, un experto especial designado por el tribunal podrá decidir. La secuencia es razonable, pero desplaza sobre autores y pequeñas editoriales una carga documental que muchos no esperaban tener que reconstruir con tanta rapidez.
El 10 de agosto de 2022 decide quién tenía el derecho
La fecha decisiva es el 10 de agosto de 2022, tomada como referencia de descarga en el acuerdo. La Authors Guild sostiene que, si los derechos habían revertido al autor antes de ese día, éste debería recibir el cien por cien, siempre según su contrato. Si la reversión ocurrió después, la editorial que mantenía la titularidad cuando se produjo la obtención puede conservar una reclamación válida. Es una distinción importante: el propietario actual y quien poseía el derecho en el momento del hecho no tienen por qué ser la misma persona. Los catálogos antiguos, los cambios de sello y las reversiones automáticas complican aún más la prueba.
Este episodio importa más allá del sector editorial porque enseña dónde termina la abstracción de los datos de entrenamiento. Una licencia o una compensación masiva sólo funciona si existe una cadena de titularidad que pueda auditarse por obra y por fecha. Los sistemas de IA operan a escala de millones de archivos; los derechos, en cambio, siguen residiendo en contratos particulares. Para los proveedores, comprar un corpus no elimina el deber de conocer su procedencia. Para quienes aportan contenido, conservar contratos, anexos y reversiones pasa a ser una infraestructura económica, no simple archivo muerto.
También conviene no confundir este reparto con una sentencia general contra el entrenamiento. El litigio distinguió el uso de obras adquiridas legalmente, que el juez consideró transformador en el caso de los demandantes, de la obtención de copias pirata, que dejó expuesta a Anthropic y condujo al acuerdo. Lo que debe vigilarse ahora es cuántas correcciones se resuelven sin arbitraje, qué criterios aplica el experto especial, cuál es la cantidad neta por título y si las empresas de IA empiezan a exigir inventarios de derechos más finos a sus proveedores. El precedente útil quizá no sea cuánto se pagó, sino cuánto cuesta demostrar a quién se debía pagar.
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